Pronunciamiento del Consejo Directivo de la Facultad sobre la coyuntura nacional
6 de marzo de 2024
Las y los consejerxs directivxs de la FaHCE queremos compartir con toda la comunidad de la Facultad una caracterización y preocupación sobre la situación que atraviesa nuestro país y que se refleja de manera específica en universidades públicas como la nuestra. Para ello hemos producido este documento con la intención de promover la conversación y el intercambio en este momento de tanta incertidumbre.
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei atravesamos una crisis inédita que ha acelerado el deterioro de las condiciones de vida de la población, en especial de los sectores más vulnerables de la sociedad. La inflación, que ya acumulaba un largo período de ascenso constante, se ha disparado desde diciembre de 2023 sumando en solo dos meses más del 46%. Este incremento ha impactado particularmente en los trabajadores de la economía formal e informal que no han tenido una recomposición de ingresos que se aproxime mínimamente a estos índices.
La pérdida del poder adquisitivo del salario se profundizó,
además, con la liberación de precios del transporte, el combustible, las
tarifas, los alquileres y los medicamentos. Todo esto ha producido el
incremento de la pobreza y la indigencia mientras que los programas de
asistencia o protección social existentes no resultan suficientes para
atender las crecientes necesidades de los sectores más vulnerables.
Incluso, durante los meses de enero y febrero el gobierno nacional
produjo recortes profundos en los propios programas sociales. Basta con
el ejemplo de la situación de los comedores populares que se ha vuelto
crítica por el recorte de los recursos que provenían del Estado
nacional, a tal punto que muchos se han visto forzados a cerrar, entre
ellos varios comedores con los que vienen trabajando equipos de
extensión de nuestra Facultad.
Esta política económica francamente regresiva se ha visto
sostenida y complementada con una ofensiva represiva cada vez más
intensa que busca amedrentar y limitar el ejercicio del derecho a la
protesta. Además, el gobierno ha recurrido a la difamación, la amenaza y
la persecución simbólica, como puede verse en la proclamada intención
de desmantelamiento del Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI), en la prohibición del uso del lenguaje
inclusivo en toda la administración pública nacional, o en los ataques y
expresiones violentas vertidas en las redes, destinadas a opositores y
militantes sociales.
En el plano político, el Poder Ejecutivo
Nacional ha sostenido iniciativas que buscan deslegitimar las instancias
representativas como el Congreso Nacional o los ejecutivos
provinciales. El discurso “anti-política” se ha esgrimido con frecuencia
como argumento para desconocer o relativizar la necesidad de producir
acuerdos, mediante el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU), los
recortes de fondos a las provincias o la deslegitimación de cualquier
demanda vinculada a derechos adquiridos. Frente a estas situaciones
resulta preocupante la extrema fragilidad de los mecanismos
institucionales para limitar estos embates autoritarios, antipopulares, y
en algunos casos en explícita contradicción con las leyes y la
Constitución.
Estas políticas son parte de una ofensiva no solo dirigida a
recortar recursos sino también a desarticular los lazos sociales.
Pretenden una refundación de la Argentina a través de un ataque a lo
público que invisibiliza el aumento de la concentración de la riqueza
entre los sectores más poderosos de la sociedad. La retórica que apela a
la necesidad del esfuerzo y el sufrimiento de los argentinos para
afrontar tiempos difíciles oculta el otorgamiento de nuevos privilegios y
mayores beneficios económicos a las compañías energéticas, el sistema
financiero, la medicina prepaga, los grandes propietarios rurales e
inmobiliarios, las cámaras productoras de alimentos, las grandes
corporaciones mediáticas, entre otros.
En este contexto, la educación pública y el sistema universitario
resultan afectados por ataques específicos. La decisión del gobierno de
no tratar un proyecto de presupuesto para el año 2024 en el Congreso,
implicó la prórroga del presupuesto del año 2023 y el destino
discrecional de las partidas y los fondos comprometidos. Con esas
condiciones, el gobierno nacional está produciendo un desfinanciamiento
de la educación y del sistema científico que no registra antecedentes en
la historia reciente. Ejemplos de esto son la suspensión de paritarias
docentes a nivel nacional (garantizadas en el artículo décimo de la Ley
de Financiamiento Educativo); así como el embate contra los organismos
de Ciencia y Tecnología (Agencia, Conicet, Institutos), que ven
recortados sus recursos y programas (becas, promociones, subsidios) de
manera sustancial.
En las universidades nacionales, en particular, a esto se agrega
que, hasta el momento, el presupuesto para gastos de funcionamiento se
ha mantenido congelado a los valores de enero y febrero del año 2023, lo
que implica un atraso real de más del 200%. Esto dio lugar a una
reciente declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
advirtiendo sobre la gravedad de la situación y solicitando su urgente
rectificación, así como a otras declaraciones que han visibilizado que
las necesidades presupuestarias de la UUNN equivalen, por ejemplo, a las
exenciones impositivas recibidas por una sola empresa, como Mercado
Libre.
En estas condiciones nuestra Facultad está iniciando un nuevo
ciclo lectivo en un estado de incertidumbre que afecta seriamente la
planificación a mediano plazo y dificulta el desarrollo de las
actividades habituales. Con mucho esfuerzo hemos podido sostener los
cursos de ingreso, las cursadas de verano, la organización para el
inicio del primer cuatrimestre y seguimos trabajando en un contexto
donde las decisiones deben ser tomadas día a día a la espera de mayores
certezas.
Sabemos que este contexto de incertidumbre afecta profundamente
también a lxs estudiantes que sufren el aumento de las tarifas, el
transporte y los alquileres, a lo que se agrega la imprevisibilidad que
generan estos incrementos y la incertidumbre acerca de la continuidad de
programas como las becas PROGRESAR. En consecuencia, resulta cada vez
más difícil para nuestrxs estudiantes garantizar las condiciones
materiales necesarias para sostener sus trayectorias académicas.
Las pretensiones refundacionales que sostienen estas políticas de
redistribución regresiva de la riqueza y de destrucción de lo público
no son nuevas. Tanto la última dictadura como los gobiernos neoliberales
tuvieron el objetivo de destruir los lazos sociales y las
construcciones históricas de la comunidad, desmantelando las bases de
una economía orientada al mercado interno, achicando el Estado,
recortando las políticas sociales, debilitando el sistema educativo y de
salud pública e intentando desarticular las formas asociativas propias
de una democracia no solo formal sino más sustantiva.
Como comunidad educativa hemos enfrentado esos otros momentos
difíciles. Siempre hemos apostado por la confluencia amplia con otros
sectores y hemos acumulado una experiencia de resistencia y lucha que
hoy debe ponerse en diálogo con las miradas, las sensibilidades y los
saberes de las nuevas generaciones.
En cada una de estas coyunturas
hemos defendido a la Universidad pública y gratuita como un eslabón
fundamental en el desarrollo de un proyecto democrático e inclusivo, que
desde sus múltiples intervenciones busca llegar a amplios sectores de
la sociedad, combatiendo la discriminación, apostando a la formación de
profesionales comprometidos y de excelencia, a la producción de
conocimiento crítico, y a la articulación con los territorios y sus
problemas cotidianos. Todos los días los docentes, nodocentes, graduadxs
y estudiantes sostenemos este proyecto con nuestro trabajo en las
aulas, en los equipos de extensión, en los ámbitos de investigación, en
las actividades extracurriculares, en nuestras conversaciones y
actividades cotidianas y en el modo de habitar nuestro espacio común.
Por todo ello, creemos que sólo fortaleciendo nuestros acuerdos
colectivos podremos combatir el desánimo y el aislamiento, definir
estrategias de lucha eficaces y evitar un catastrofismo que nos
paralice.
En este escenario de tanta incertidumbre, pensamos que es fundamental evitar la fragmentación. Por eso nos comprometemos a sostener y profundizar los canales de comunicación y organización para mantenernos informados y pensar juntxs cómo seguir transitando estos momentos difíciles.